La Oficina del Presidente destacó la aprobación en el Congreso y defendió los cambios de la normativa. También cuestionó con dureza a grupos ambientalistas y denunció “interferencias extranjeras”.
El Gobierno nacional celebró la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares y, en el mismo comunicado, lanzó críticas directas contra organizaciones ecologistas, a las que acusó de obstaculizar el desarrollo productivo del país.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo calificó la sanción como “histórica” y sostuvo que introduce una “precisión científica” sobre el alcance de la norma vigente. Según el texto oficial, los cambios permiten continuar protegiendo los glaciares y las geoformas periglaciares con funciones hídricas, pero habilitan la explotación minera en áreas que, aseguran, estaban “mal catalogadas”.
En ese sentido, el Gobierno cuestionó la redacción original de la ley al considerar que generaba “interpretaciones absurdas” que derivaban en la prohibición de actividades incluso en zonas donde “no había nada que proteger”. Para la Casa Rosada, ese escenario contrariaba principios constitucionales como el uso racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias.
El comunicado también subraya que la reforma responde a reclamos de distritos vinculados a la actividad minera, en particular los que integran la denominada Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Según el Ejecutivo, la nueva normativa “devuelve a las provincias la competencia que les corresponde” para identificar, proteger y administrar sus recursos.
En un tono marcadamente político, el Gobierno afirmó que la modificación de la ley elimina “distorsiones ideológicas” y “trabas artificiales” que, a su entender, frenaban el crecimiento económico. “El cuidado genuino del ambiente y el desarrollo no son enemigos”, planteó el texto.
El presidente Javier Milei agradeció además a legisladores y gobernadores que respaldaron la iniciativa, entre ellos Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), junto a funcionarios del área legal y del sector minero que participaron en la redacción del proyecto.
Para el Ejecutivo, la sanción marca el inicio de “un verdadero federalismo ambiental” y sienta las bases de una política “inteligente y soberana” para la explotación de los recursos naturales.
