Mientras el descontento social crece por el costo de las boletas, los datos oficiales confirman que más de dos millones de familias perdieron la asistencia estatal. El fuerte impacto en el NOA y el rol clave del Gobierno nacional en la fijación de los precios.
El malestar social por el incremento desmedido en las boletas de los servicios públicos de luz, agua y gas viene en aumento en todo el territorio nacional. Sin embargo, detrás del impacto en los bolsillos residenciales, se esconde una decisión política directa del Gobierno nacional. Según datos oficiales difundidos recientemente, la gestión de Javier Milei avanzó con una drástica quita de beneficios que desnudó la responsabilidad de la Secretaría de Energía en los montos que hoy pagan los usuarios.
De acuerdo con los registros de abril, actualmente hay 2,1 millones de hogares menos beneficiados por los subsidios a la electricidad en la Argentina, y casi 900.000 menos en el caso del gas natural por redes, si se compara con el inicio de la actual administración libertaria. Esta información, corroborada por organismos del sector y reflejada por medios de comunicación como el diario La Nación, demuestra que la proporción de usuarios que hoy pagan el costo pleno de la tarifa ya representa cerca de la mitad del universo total del país.
Desde la Secretaría de Energía de la Nación intentaron justificar este severo recorte bajo el argumento de un ordenamiento del sistema. Según el organismo, se detectaron irregularidades como 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían asistencia, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas, comercios de alta capacidad de pago subsidiados y 1,59 millones de hogares que, aunque calificaban para el beneficio, nunca lo habían solicitado.
Sin embargo, al contrastar las irregularidades con la cifra final de afectados (2,1 millones de hogares excluidos), queda en evidencia un escenario donde “están pagando justos por pecadores”. El impacto de la denominada “motosierra” fiscal se siente con especial crueldad en las provincias del Norte Grande (NOA), una región golpeada por un calor asfixiante durante seis meses al año, donde el uso de refrigeración no es un lujo, sino una necesidad vital de subsistencia.
Frente a las quejas vecinales que suelen apuntar a las empresas distribuidoras locales, los especialistas aclaran que estas firmas no tienen injerencia en el salto tarifario. La fijación del precio estacional de la energía y la autorización de los subsidios son facultades exclusivas de la Secretaría de Energía de la Nación.
Si bien es una realidad técnica que los costos de generación eléctrica en el país son extremadamente altos —motivo por el cual la asistencia del Estado siempre ha sido una herramienta de equilibrio social absolutamente necesaria—, la política de ajuste fiscal de la Casa Rosada no se detuvo, trasladando el costo total del servicio directamente a la clase media y a los sectores más vulnerables del interior argentino.
