La movilización será el próximo 12 de mayo en Plaza de Mayo. Mientras el Ejecutivo desoye fallos judiciales y la Ley de Financiamiento, los docentes denuncian una pérdida del 43,2% en su poder adquisitivo y un éxodo de profesionales sin precedentes.
El conflicto entre el sistema universitario nacional y el Gobierno Nacional alcanzará un nuevo pico de tensión el próximo 12 de mayo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó que esa será la fecha de la cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización que promete ser masiva en defensa de la educación pública, la ciencia y la recomposición salarial.
La medida de fuerza surge como respuesta directa al “ajuste perpetuo” que atraviesa el sector. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto vigente arrastra un recorte del 30% en comparación con 2023, una cifra que podría profundizarse hasta el 45,6% en los próximos meses si se mantiene la actual dinámica económica.
A pesar de que el Congreso de la Nación ratificó la Ley de Financiamiento Universitario tras rechazar el veto presidencial, el Ejecutivo se niega a aplicarla. El Gobierno argumenta una supuesta falta de recursos específicos, una postura que contrasta con las recientes reducciones impositivas a sectores de altos patrimonios (Bienes Personales) y a las industrias minera y petrolera.
La situación en las aulas es crítica:
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Caída del salario: El poder adquisitivo de los docentes y no docentes ha retrocedido un 43,2% desde el inicio de la gestión actual.
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Incumplimiento judicial: El Gobierno ignora dos fallos judiciales que lo obligan a otorgar un aumento del 51% para equiparar la inflación.
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Oferta insuficiente: Frente a la ley vigente, el oficialismo propone un aumento del 12,3% en cuotas, cifra que los gremios consideran “irrisoria” ante una inflación que no cede.
Uno de los datos más alarmantes que impulsa esta nueva marcha es la degradación de la labor académica. Se estima que el 10% del cuerpo docente ya ha renunciado a sus cargos.
“7 de cada 10 profesores cobran salarios netos de apenas $250.000“, señala el informe del CEPA.
Esta realidad ha empujado a una gran mayoría de los profesionales que aún resisten en las universidades a complementar sus ingresos trabajando en plataformas de transporte o envío de comida para poder cubrir sus necesidades básicas.
El panorama a futuro no es alentador. Al cruzar los datos oficiales con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las proyecciones indican que el desajuste entre salarios y precios se agravará de forma exponencial en el segundo semestre del año.
La movilización del 12 de mayo a Plaza de Mayo buscará, una vez más, que el reclamo por la universidad pública se convierta en una causa transversal que obligue al Ejecutivo a cumplir con la legislación vigente y frenar el deterioro del sistema científico-educativo nacional.
