Consecuencias legales: qué penas pueden recibir los alumnos por las amenazas en colegios. Tras la viralización de mensajes intimidatorios en redes sociales y establecimientos educativos, la Justicia endureció su postura y confirman que ya son 30 los colegios judicializados.
Tras el tiroteo ocurrido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente asesinó Ian Cabrera de tan solo 13 años durante un ataque armado en su escuela, la ola de amenazas por tiroteo se expandió rápidamente a todas las provincias. Lejos de tratarse de “bromas” o desafíos virales, estas conductas son delitos y pueden tener consecuencias graves.
En las últimas semanas se registraron mensajes intimidatorios, pintadas en baños escolares y hasta casos de alumnos que llevaron armas a los establecimientos. Muchos de estos episodios involucran a adolescentes e incluso a chicos de primaria.
Desde el ámbito educativo advierten que el problema es grave. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, fue contundente al respecto: “Esto no es una broma, no es un reto de TikTok, no es un challenge ni un trending topic, esto es un delito”.
La influencia de las redes sociales
Uno de los puntos que más preocupa es la influencia de las redes sociales en los menores. Autoridades señalan que plataformas como TikTok facilitan la rápida difusión de este tipo de contenidos, generando un efecto contagio: cuando un hecho se vuelve tendencia, todos quieren formar parte sin medir las consecuencias.
“Encontramos pintadas en baños de primaria hecho por chicos de 10 o 11 años, no tienen dimensión de lo que están haciendo. Está afectando al orden público”, expresó Miguel.
La ministra planteó además la responsabilidad de las empresas de redes sociales la regulación de estos contenidos, así como el desafío de los medios de comunicación para informar sin contribuir a la viralización.
“Las familias tienen miedo, no quieren mandar a los chicos al colegio. Tenemos que poner un límite, parar un poco”, solicitó Miguel. Remarcó que, en muchos casos, los padres se comprometieron a no entregarle un celular inteligente a sus hijos, al menos hasta que terminen la primaria.
Consecuencias penales y multas millonarias
Desde la Justicia y los gobiernos provinciales ya demostraron que las amenazas no quedarán impunes. En los últimos días se llevaron a cabo allanamientos y advierten que las investigaciones terminan en causas penales que recaen sobre las familias de los menores.
En Santa Fe, por ejemplo, los operativos policiales por amenazas pueden costar entre 5 y 6 millones de pesos, monto que podrá ser reclamado a los padres.
En Mendoza, además, si un menor comete un delito o porta un arma, los padres pueden ser considerados “homicida indirecto” o ser detenidos por incumplir sus deberes de cuidado.
Ante el temor creciente, algunas instituciones comenzaron a tomar medidas rotundas. En el Instituto Lourdes de Ituzaingó, por ejemplo, se prohibió el uso de mochilas y más de 300 alumnos de primaria y secundaria deben ingresar con sus útiles escolares dentro de bolsas transparentes. La medida es de forma preventiva y durará al menos dos semanas más.
Las familias se mostraron conformes con la decisión y consideran que necesaria frente al contexto actual. “Es lo más acorde. Los jóvenes están muy confundidos con todo. Nosotros que somos de otra generación no hacíamos estas cosas, veníamos a estudiar. Hay un juego que se fue de las manos y han pasado cosas muy graves. Esperemos que se termine”, expresó Claudio, padre de un alumno.
En ese sentido, muchos coinciden en la imperiosa necesidad de hablar del tema con sus hijos para abordar la situación.
