FOPEA advierte que el proyecto de “Ley de Soberanía” pone en riesgo la libertad de expresión.
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó sobre un riesgo concreto para el ejercicio periodístico y la libre expresión dentro del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Si bien la entidad reconoció la legitimidad de proteger los procesos electorales y el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, advirtió que ciertos puntos del articulado podrían derivar en la penalización de la crítica política y el debate de asuntos de interés público.
El punto de conflicto: penas de prisión y tipificación ambigua
La principal objeción de FOPEA se concentra en el Título VI de la iniciativa, el cual incorpora el artículo 225 bis al Código Penal. Dicha norma contempla penas de 5 a 12 años de prisión (elevables de 8 a 15 años en casos agravados) a quien, actuando bajo orden, cuenta o financiamiento de un Estado o entidad extranjera:
“Procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Al respecto, la organización remarcó las fallas técnicas del texto:
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Falta de precisión jurídica: Expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación” no cumplen con las exigencias del principio de legalidad en materia penal, carecen de delimitación taxativa y abren la puerta a aplicaciones discrecionales.
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Antecedentes de persecución: FOPEA señaló que la experiencia internacional demuestra cómo este tipo de normativas, amparadas en la seguridad nacional, han sido utilizadas en otros países para perseguir el disenso, censurar investigaciones periodísticas y amedrentar a organizaciones civiles.
Pedido formal al Congreso de la Nación
Luego de consultar a juristas y especialistas en derecho constitucional, la entidad exhortó a los legisladores a:
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Separar el tratamiento del artículo 225 bis del resto del paquete legislativo sobre soberanía.
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Abrir el debate técnico con la participación activa de organizaciones de prensa y derechos humanos para adecuar cualquier reforma a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales.
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Incorporar una cláusula de salvaguarda explícita que excluya categóricamente de cualquier responsabilidad penal la difusión de informaciones, opiniones o investigaciones periodísticas amparadas por las garantías constitucionales.
