La posible derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, abrió un nuevo debate en el ámbito sanitario y académico. Mientras el Gobierno nacional impulsa en el Congreso la eliminación de la normativa sancionada en 2021, especialistas en nutrición alertan sobre las consecuencias que podría tener la medida para la salud de la población.
En ese marco, la licenciada Cristina Salvatierra, nutricionista y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), sostuvo que avanzar en la derogación de la ley representaría “un enorme retroceso en materia de derechos y salud pública”.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, se suma a un proyecto presentado previamente por legisladores nacionales del oficialismo y sectores aliados.
Entre los argumentos esgrimidos, se señala que la ley no habría cumplido los objetivos propuestos y que el sistema de etiquetado basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) genera confusión en los consumidores, además de representar obstáculos para la industria alimentaria y el comercio regional.
Sin embargo, Salvatierra cuestionó esos planteos y remarcó que la normativa aún no ha tenido el tiempo suficiente para desplegar plenamente todos sus alcances. “La ley fue reglamentada en 2022 y contempla aspectos que todavía no pudieron implementarse completamente, especialmente todo lo vinculado a la educación alimentaria en las escuelas. No hemos tenido un plazo considerable para evaluar ese componente y, sin embargo, ya se plantea derogarla”, afirmó durante una entrevista concedida a Radio Universidad.
La profesional explicó que uno de los principales objetivos de la ley es garantizar el acceso a información clara y comprensible para toda la población.
“No debería ser necesario ser experto en nutrición para interpretar qué estamos comiendo. Los sellos permiten identificar rápidamente alimentos con exceso de sodio, azúcares o grasas saturadas, nutrientes que están directamente relacionados con enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes”, señaló.
CAMBIOS EN LOS HÁBITOS
Según indicó la docente universitaria, existen estudios realizados a nivel nacional que muestran modificaciones positivas en los patrones de consumo desde la implementación del etiquetado frontal.
“Los consumidores comenzaron a tomar decisiones más informadas. Esto no significa que la industria deje de vender, sino que debe informar adecuadamente. El consumidor se empodera cuando tiene herramientas para elegir”, sostuvo.
No obstante, reconoció que existen aspectos susceptibles de revisión dentro de la normativa. Entre ellos mencionó los criterios utilizados para determinar los sellos de advertencia y algunas situaciones que pueden generar interpretaciones confusas en determinados productos.
“Hay cuestiones que pueden mejorarse y discutirse técnicamente. Toda política pública es perfectible. Pero una cosa es mejorar una ley y otra muy distinta es derogarla”, enfatizó.
SALUD INFANTIL Y PREVENCIÓN
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el impacto de la alimentación en la salud de niños y adolescentes.
Salvatierra, quien además se desempeña profesionalmente en el Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI), advirtió sobre el crecimiento de enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios a edades cada vez más tempranas.
“Hoy vemos niños con diabetes tipo 2, hígado graso y otras patologías que antes eran propias de los adultos. Son enfermedades vinculadas al sedentarismo y al consumo frecuente de productos ultraprocesados”, explicó.
En ese sentido, destacó que la ley también contempla restricciones a la publicidad dirigida al público infantil, buscando evitar estrategias de marketing que asocien determinados productos con personajes, juguetes o mensajes especialmente atractivos para los más pequeños.
“La protección de la infancia es uno de los aspectos centrales de esta normativa y todavía queda mucho por implementar y mejorar”, afirmó.
PEDIDO DE PARTICIPACIÓN
La docente consideró que detrás de la propuesta de derogación aparecen intereses económicos vinculados a grandes empresas del sector alimenticio, aunque remarcó la necesidad de abrir espacios de debate técnico antes de avanzar con modificaciones legislativas.
“Tenemos profesionales capacitados, universidades, colegios profesionales y especialistas que pueden aportar propuestas de mejora. Si hay aspectos que corregir, estamos dispuestos a colaborar, pero siempre poniendo en el centro la salud de la población”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a quienes deberán debatir el proyecto en el Congreso. “Les pediría que piensen en la salud pública, en el derecho de los consumidores a estar informados y especialmente en la salud de nuestros niños. Esta ley puede perfeccionarse, pero eliminarla sería un retroceso”, concluyó.
