Tras la culminación de la visita del papa León XIV al país, el Gobierno nacional reactivó el tratamiento de la Reforma Política en el Congreso e intensificó las tensiones internas con la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fijó un plazo de quince días para obtener media sanción en la Cámara alta antes del cierre de las sesiones ordinarias, mientras que el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó formalmente a retomar el debate el próximo martes 17 a las 15 en el Salón Arturo Illia.

La aceleración del calendario legislativo tomó por sorpresa al sector que responde a Patricia Bullrich, desde donde advierten que no cuentan con las voluntades necesarias y responsabilizan al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la construcción de los acuerdos. Según trascendió en el entorno de la exministra, la postura frente a la exigencia oficial es contundente: «Que traiga los votos Santilli», aludiendo a la dificultad para reunir los 37 votos que se requieren en el recinto. La fricción escaló tras un sugestivo mensaje del presidente Javier Milei en redes sociales —«Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán»— y la decisión de Patricia Bullrich de impulsar una agenda parlamentaria propia que incluye la Ley de Discapacidad y un proyecto para prevenir la ludopatía infantil sin aval del Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada, en tanto, aseguran estar cerca de alcanzar los respaldos suficientes mediante negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. En ese marco, el jefe de Gabinete Diego Santilli difundió un encuentro con el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el que ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar con la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la modificación del régimen electoral. Para alcanzar la mayoría, el oficialismo busca sumar a los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y bancadas provinciales a sus 21 escaños propios, aunque desde los bloques aliados advierten que exigirán incluir el proyecto de Ficha Limpia en el mismo paquete de votación.

En la vereda opuesta, el bloque del peronismo observa con cautela la disputa oficialista y atribuye la parálisis del expediente a las divisiones internas del Gobierno. Fuentes de la bancada justicialista, que cuenta con 25 integrantes, señalaron que el oficialismo ya demostró capacidad en otras sesiones para articular mayorías de hasta 47 votos junto a sus aliados, por lo que ponen en duda si la presión de Martín Menem responde a una verdadera voluntad política o a una disputa interna. Desde el entorno del titular de Diputados rechazaron que se trate de una provocación y sostuvieron que «hay que trabajar, las cosas se tienen que votar».

Más allá de la suspensión de las elecciones primarias, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en abril introduce modificaciones sustanciales en el financiamiento de la actividad partidaria. La iniciativa reduce la intervención estatal en las campañas electorales, elimina la distribución gratuita de espacios publicitarios en radio y televisión y eleva los topes permitidos para los aportes de origen privado, un esquema que distintos sectores políticos y analistas advierten que favorecerá a las estructuras con mayor capacidad económica en detrimento de los partidos de menor envergadura.