El oficialismo introdujo cambios para salvaguardar intereses de empresas estadounidenses que operen o eventualmente puedan operar en el archipiélago.
Junto con bloques aliados, el oficialismo consiguió dictamen favorable para el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, luego de introducir cambios pedidos por la administración Trump para salvaguardar intereses de empresas estadounidenses.
La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Defensa, de Relaciones Exteriores, y Legislación Penal, que presiden los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, y la iniciativa se podrá debatir en una sesión de Diputados a celebrarse el próximo 12 de noviembre.
El despacho de mayoría reunió 60 firmas que fueron aportados por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez, y en disidencia parcial el santafesino Pablo Farias, los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
de 38 diputados. También presentaron otro despacho Esteban Paulón en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, y el FIT hizo lo propio ya que la diputada Myriam Bregman presentó su propio despacho.
Las claves del proyecto a medida de Estados Unidos
En concreto, el Gobierno Nacional incorporó cambios para limitar las sanciones a las filiales de las empresas que operen en Malvinas, pero sin tener una participación relevante, en sintonía con la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos.
Es que en la gran mayoría de los proyectos de esta índole hay alguna compañía estadounidense, y fue el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, quien presionó a las más altas esferas de la gestión libertaria para hacer ese cambio clave.
De manera que, de ser convertida en ley, las sanciones solo quedarían concentradas en quienes tengan una participación directa en los proyectos cuestionados, como en el caso del proyecto Sea Lion de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, perteneciente a las empresas británicas Rockhopper y la israelí Navitas.
Uno de los puntos que se estableció es que el monto de las sanciones se pasaría oscilaría entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando la multa original. Además se incorporó el Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad, integrado por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
Se aceptó también un pedido para la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional que será integrada por ocho legisladores y podrá hacer un seguimiento de esta ley, en caso de ser aprobada.
Se modificó el artículo que sancionaba con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. En ese artículo se excluyó al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
