Consiguió aprobar el proyecto presupuestario en Diputados, pero chocó con un límite frente a dos temas sensibles. El rechazo al Capítulo 11 expuso las tensiones de la nueva mayoría, las maniobras de último momento y los límites del oficialismo, aun con una Cámara más favorable.
El oficialismo logró este miércoles la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, apoyado en una mayoría de 132 votos, pero volvió a chocar con un límite político que ya se repitió tres veces en el año: incluso con una nueva conformación parlamentaria más favorable al Gobierno: se rechazó nuevamente avanzar sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
La votación general reflejó una ampliación del respaldo legislativo al Ejecutivo, con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Esa mayoría se construyó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo, un entramado de bloques y monobloques provinciales que le permitió al Gobierno sancionar el Presupuesto. Sin embargo, ese respaldo no alcanzó para sostener el capítulo más controvertido del proyecto.
Horas después de la aprobación en general, el Capítulo 11 del Presupuesto fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que dejó sin efecto la derogación de las dos leyes. Se trató de la tercera vez en el año que el Congreso —primero al sancionarlas, luego al insistirlas tras el veto presidencial y ahora al rechazar su eliminación dentro del Presupuesto— se pronuncia a favor de las universidades públicas y de las personas con discapacidad, un hecho inédito incluso bajo una composición legislativa más afín al oficialismo.
El capítulo que expuso la estrategia del Gobierno
Desde el inicio del debate, el Capítulo 11, titulado “Otras disposiciones”, concentró el núcleo del conflicto político de la sesión. Allí, a través del artículo 75, el Gobierno había incluido la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad sin mencionarlas explícitamente, dentro de un paquete de normas heterogéneas que obligaba a votar el capítulo completo. La oposición denunció que se trataba de una maniobra para forzar a los aliados del oficialismo a acompañar una decisión que muchos de ellos habían rechazado meses atrás.
Minutos antes de la votación, el oficialismo intentó un último movimiento para blindar el capítulo y evitar deserciones. Sumó dos artículos nuevos al texto: uno sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que faculta al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de 2022, y otro referido al financiamiento del Poder Judicial. La incorporación de ambos puntos profundizó el rechazo opositor y terminó de tensar el recinto.
Una mayoría apuntalada por provincias y fondos
La caída del Capítulo 11 dejó al descubierto los límites de la mayoría construida por el oficialismo. Si bien el Gobierno logró articular el apoyo de bloques provinciales y aliados circunstanciales para aprobar el Presupuesto en general, ese respaldo se mostró frágil cuando la votación puso en primer plano el contenido más sensible del proyecto.
En ese entramado político sobrevoló el reparto de Aportes del Tesoro Nacional, que en las semanas previas a la sesión se incrementó de manera significativa y benefició a gobernadores de provincias clave para el oficialismo, como Tucumán, Misiones, Catamarca y Salta. El refuerzo de fondos y las concesiones en agendas provinciales, como la promesa de habilitar cambios en la ley de Glaciares para distritos con fuerte interés minero, fueron leídas en el recinto como parte de la negociación que permitió consolidar los 132 votos afirmativos en la votación general, pero no alcanzaron para blindar la derogación de las leyes.
El resultado final dejó una postal elocuente: el Gobierno consiguió el Presupuesto 2026 y celebró una nueva mayoría parlamentaria, pero volvió a fracasar en su intento de avanzar sobre dos políticas sensibles. Aun con aliados nuevos y una Cámara más favorable, universidades y discapacidad volvieron a marcar un límite político que el oficialismo no logró cruzar.
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