La oposición logró revertir el veto presidencial y ahora el proyecto deberá ser tratado en el Senado. Fue total de 172 votos en contra del veto.
La Cámara de Diputados rechazó con más de dos tercios de los votos el veto de Javier Milei contra la ley de Emergencia en Discapacidad, que el Senado convirtió en ley el pasado 10 de junio.
Tras un debate intenso, donde la oposición necesitaba 2/3 de los votos para rechazar el veto de Milei, la votación tuvo 172 positivos (contra el veto), 73 negativos y 2 abstenciones.
Las claves de la ley de Emergencia en Discapacidad
La iniciativa plantea un paquete de medidas que van desde la regularización de pagos a prestadores hasta el cumplimiento efectivo del cupo laboral en el Estado.
Uno de los ejes centrales es la regularización de deudas y la actualización de aranceles: se propone saldar los pagos atrasados del sistema de salud y garantizar un ajuste mensual en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El texto también declara al sistema de interés público nacional, lo que refuerza su carácter prioritario.
El proyecto avanza sobre la reforma de las pensiones no contributivas, con el objetivo de asegurar financiamiento suficiente y revisar las condiciones de acceso y permanencia. A la vez, se prevé un fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con mejoras en la base de datos y auditorías periódicas para transparentar la gestión.
La iniciativa también incluye una compensación económica de emergencia para prestadores y recursos específicos para talleres de producción y centros de día, con un impacto fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Otro punto clave es la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La ANDIS, junto al Consejo Federal de Discapacidad, establecerá nuevos lineamientos para contemplar no solo las condiciones físicas, sino también las intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona.
Finalmente, el proyecto reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, una deuda histórica que hasta ahora se cumple de manera parcial y fragmentaria.
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