Empujarán los proyectos para repartir fondos retenidos por el Gobierno.
Gobernadores empujarán proyectos en el Senado para modificar la distribución del impuesto al combustible y los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), en vísperas del inicio de la campaña electoral y con un gobierno del presidente Javier Milei que se encuentra acorralado en el ámbito legislativo.
Además, un grupo del Norte Grande y Litoral desarrolla una propuesta para implementar una tarifa diferencial eléctrica para las zonas cálidas y muy cálidas de esa región, que también será presentada en los próximos días.
Este escenario deja en claro que la Casa Rosada no pasa su mejor momento con los mandatarios provinciales, varios de ellos, peronistas, que lo acompañaron en varias cruzadas importantes para Milei en la Cámara alta y baja durante el 2024 e inicio de 2025, cuando tuvo que blindar el nuevo acuerdo con el FMI.
La iniciativa de modificaciones propone eliminar los fondos fiduciarios alimentados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que esos recursos sean reasignados conforme a las prioridades de cada provincia, además de que plantea coparticipar los ATN en línea con los criterios de la Ley de Coparticipación Federal 23.548.
Esto se acordó la semana pasada en la sede del Consejo General de Inversiones (CFI), ubicada en Azopardo 750, semanas después de que una delegación de mandatarios provinciales visitara Casa Rosada para elevar sus reclamos sobre caída de recaudación y la obra pública.
En el documento se expresó que la propuesta no comprometerá la sostenibilidad fiscal nacional y se presenta como una herramienta para avanzar hacia un federalismo “más justo y equitativo”. Si bien hubo representación del Poder Ejecutivo, no lograron disuadir el avance de los gobernadores.
Por otro lado, los de Norte y Litoral van por la implementación de una tarifa diferencial eléctrica para las zonas cálidas y muy cálidas.
“Planteamos una cuestión de equidad e igualdad, redistribuyendo recursos, sin alterar el equilibrio fiscal ni generar nuevos impuestos, teniendo como beneficiarios a los usuarios residenciales y manteniendo la autonomía de las provincias en el resultado que pueda dar la Ley”, manifestaron los gobernadores en un comunicado oficial.
Ambas acciones que serán lanzadas casi al mismo tiempo puso en alerta a Milei, quien los cuestionó con dureza durante la cena de recaudación de la fuerza que se celebró en el Hotel Yacht Club de Puerto Madero.
“Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, inició.
Y continuó: “Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias dado que va a acelerar exponencialmente el proceso de crecimiento que vamos a vivir los próximos años, profundizando las raíces del árbol de la nueva argentina que estamos sembrando juntos”.
Milei definió a las provincias como “la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía”.
Sostuvo que las provincias son el mejor ejemplo de “cómo desde el poder local algunos buscan boicotear el cambio nacional” y postuló que aumentaron el tamaño del Estado utilizando el erario “como chequera ilimitada” para contrariar al Ejecutivo.
Las acciones están apalancadas con las medias sanciones de Diputados que ya están en el Senado sobre el paquete jubilatorio y discapacidad. El proyecto de jubilaciones que establece un aumento al 7,2 por ciento que se incorporará al haber mensual y servirá de bases para futuros aumentos.
Además, fija que se aumenta de 70 mil a 110 mil a los trabajadores del haber mínimo, que se actualizará de acuerdo a inflación como en el resto de las prestaciones jubilatorias.
El proyecto aprobado ratificó el decreto 274/2024 presidencial que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionaria.
También incorpora cambios tributarios con los cuales los opositores señalan que se equilibra el impacto fiscal que solo en el tema del aumento de los jubilados es de 0,8 del PBI que implica unos 6.800 millones de pesos.
En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.
Propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.
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