En medio de la suba de tarifas y el ajuste al transporte, la legisladora violeta María Gabriela Flores admitió haber usado recursos públicos para beneficio de su entorno familiar.
En un nuevo episodio que pone en jaque el discurso de austeridad y combate a la “casta” del oficialismo, la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza (LLA), María Gabriela Flores, quedó en el centro de la polémica tras reconocer abiertamente haber utilizado recursos públicos para beneficio de su entorno familiar. El hecho salió a la luz tras la difusión de una fotografía en la que se la veía abordando un avión junto a su hijo en el Aeropuerto de Salta.
Lejos de ensayar una disculpa o desmentir la situación, la legisladora brindó una entrevista a FM Noticias 88.1 Salta, donde justificó el uso de pasajes del Congreso, recursos que legalmente están destinados de forma exclusiva a la actividad legislativa. Durante el reportaje, Flores lanzó frases que generaron una fuerte indignación: “En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, afirmó de manera categórica.
🔴 La diputada nacional por Salta, María Gabriela Flores habría usado pasajes del Congreso Nacional para que viaje su hijo.
Esta gente no venía a luchar contra la casta, QUERÍAN SER PARTE DE LA CASTA! pic.twitter.com/QkdgOTn9kd
— Al Toque (@altoque_ok) April 8, 2026
La diputada explicó que la frecuencia de los viajes de su hijo se debe a sus compromisos académicos en la Capital Federal. Al respecto, señaló: “Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires así que va y viene”. Además, Flores no solo admitió el uso de estos tickets para traslados de estudio, sino que sugirió un uso discrecional más amplio de los mismos: “También le he dado pasajes para otras cosas. Al que me sacó la foto, le mando saludos. No tengo nada que esconder”.
Este accionar colisiona directamente con el marco legal vigente sobre ética pública: el artículo 2 de la Ley 25.188 (Ética en la función pública) establece con claridad que los funcionarios deben abstenerse de utilizar instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o el de sus familiares y allegados. Asimismo, el decreto 1084/2024 refuerza la prohibición de usar recursos públicos con finalidades ajenas a la función oficial.
Fuente: El Destape
