En un operativo conjunto, autoridades provinciales y nacionales liberaron a un numeroso grupo de trabajadores santiagueños que vivían en condiciones infrahumanas en establecimientos rurales. Denuncian falta de agua potable, hacinamiento y falta de pago.
SANTIAGO DEL ESTERO. — Un nuevo y escalofriante caso de explotación laboral rural salió a la luz tras una serie de procedimientos que permitieron el rescate de más de 50 peones en el interior de la provincia. Los trabajadores, que habían sido contratados bajo promesas de salarios dignos, se encontraban bajo un régimen de servidumbre y precariedad absoluta.
El operativo, que contó con la intervención de la Secretaría de Trabajo de la provincia, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y organismos nacionales de fiscalización (RENATRE y UATRE), detectó que las víctimas vivían en viviendas precarias de chapa y nailon, sin acceso a servicios básicos esenciales.
Hacinamiento y deshidratación
Según los informes de los inspectores, la situación era crítica:
Higiene inexistente: Los trabajadores compartían letrinas improvisadas y no contaban con espacios para el aseo personal.
Falta de agua: Se constató que muchos de ellos presentaban signos de deshidratación ante la carencia de agua potable apta para el consumo humano.
Explotación económica: A los peones no solo se les adeudaban meses de trabajo, sino que se les cobraba por la comida y el traslado, generando una “deuda” que les impedía abandonar los establecimientos, técnica conocida como endeudamiento inducido.
Acciones legales
La Justicia Federal ha tomado intervención en el caso, iniciando investigaciones contra los propietarios de los campos y los “cuadrilleros” (contratistas) responsables del traslado y captación de los trabajadores. El operativo incluyó la asistencia inmediata de equipos de psicólogos y asistentes sociales para contener a las víctimas, muchas de las cuales presentaban un alto grado de vulnerabilidad y temor.
Desde los organismos intervinientes destacaron que este rescate es uno de los más numerosos de los últimos meses y refuerza la necesidad de intensificar los controles en el sector agrario para erradicar las prácticas de “esclavitud moderna” que aún persisten en la región.
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