La investigación parlamentaria determinó que la criptomoneda promovida por el Presidente encuadra en una estafa y expone un modus operandi que se repite en maniobras previas. El informe anticipa denuncias contra funcionarios y jueces. Según sus conclusiones, Javier Milei podría haber incurrido en mal desempeño, una causal de juicio político.

 

Tres meses después del inicio de la investigación en la Cámara de Diputados, la comisión investigadora del caso $LIBRA presentó su informe final. El documento posee más de 200 páginas con conclusiones, informes técnicos y material probatorio que fue aportado a la justicia argentina. El trabajo de la comisión fue demorado inicialmente por las maniobras del oficialismo para trabar su conformación. Aun así, los integrantes de la oposición avanzaron en la investigación y concluyeron que el Congreso deberá evaluar si Javier Milei incurrió en un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, una de las causales para iniciar un juicio político.

En la presentación, el diputado Agost Carreño afirmó: “Estamos en condiciones de confirmar que $Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa. Creemos que hubo ardid y engaño con una típica figura que se llama rug pull, es una figura muy conocida en el mundo de las criptomonedas”, en referencia a las conclusiones del informe de la comisión investigadora.

Además, se concluyó que las hipótesis con las que se guió la investigación no sólo se confirman sino que se refuerzan y amplían: “los hechos recabados encuadrarían en lo que se tipifica como una estafa tal cual lo indica el código penal”, manifestó el diputado Juan Marino.

$LIBRA no fue un hecho aislado, advierten los legisladores de la oposición que llevaron adelante la investigación. Según se indica en el informe, existe una serie de antecedentes de maniobras financieras presuntamente ilícitas donde se repiten los mismos nombres: Javier Milei, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. “Este patrón pone de manifiesto un modus operandi”, dice el documento.

El texto refiere a dos antecedentes: el caso de la moneda digital de KIP Protocol, lanzada en diciembre de 2024, para cuya promoción también se utilizó la imagen del presidente Javier Milei con su consentimiento. Según la información reunida por la comisión y de acuerdo con los registros verificados, Manuel Terrones Godoy recibió tokens de la moneda digital $KIP e inmediatamente los transformó a USDT, transfiriendo luego parte de esos USDT a Mauricio Novelli, el mismo día en el que se lanzó públicamente $KIP. Y la promoción previa, por parte de Javier Milei, del juego NFT “Vulcano” (creado por Mauricio Novelli) y de “CoinX” (empresa allanada por el Poder Judicial en el marco de una investigación iniciada en 2022 por el delito de estafa).

El informe acusa al Presidente de prestar una colaboración imprescindible para la maniobra, promover la criptomoneda como un instrumento de inversión cuando era una “memecoin” diseñada para un “tirón de alfombra” (rug pull), y usar información no pública del contrato, reforzando la hipótesis de vínculo directo con los creadores. Además, la comisión desmiente las afirmaciones del Presidente sobre el bajo número de afectados: se indica que más de 114.000 billeteras sufrieron pérdidas y se subraya la omisión total de controles estatales previos, sugiriendo una voluntad deliberada de evadir mecanismos institucionales.

Pese a que el informe sostiene que podría configurarse una causal de juicio político, la correlación de fuerzas en el Congreso limita ese escenario: tras las elecciones de octubre, el oficialismo logró asegurarse el tercio necesario para bloquear cualquier intento de avanzar con el proceso, incluso si la oposición decidiera impulsarlo.

Denuncias a funcionarios y jueces

El capítulo final del informe detalla las denuncias que se prevén impulsar. Se solicitará denunciar penalmente a Mariano Cúneo Librarona (ministro de Justicia), Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paulo Starc (titular de la UIF), Roberto Silva (ex asesor CNV) y María Florencia Zicavo (unidad de investigación de $LIBRA) por posible incumplimiento de deberes de funcionario público por el entorpecimiento a la tarea encomendada a la comisión.

También se propone denunciar al fiscal Eduardo Taiano y al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, quienes negaron a los diputados el acceso a la causa y no autorizaron el uso de la fuerza pública para que asistan los testigos.









Comentá esta nota: