Referentes de asociaciones y el defensor del Pueblo de la Provincia presentaron un amparo, exigiendo al Estado nacional que reponga los beneficios dados de baja. Recibieron ayer una respuesta positiva.
La Justicia Federal de Santiago del Estero resolvió este lunes restituir las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido suspendidas en la provincia a raíz de una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La medida fue dictada por el juez federal Guillermo Daniel Molinari, quien en su fallo ordenó al Estado nacional y a la Andis dejar sin efecto, de manera inmediata, las retenciones o bajas de pensiones por invalidez laboral en todo el territorio provincial, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La resolución judicial surgió a partir de una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Daniel Edgardo Escobar Correa, en representación de asociaciones vinculadas al sector de la discapacidad.
Escobar Correa celebró la decisión judicial y destacó la importancia de la protección de los sectores más vulnerables. “Estamos muy contentos, porque esta mañana recibimos la noticia de que la Justicia nos dio la razón y reconoció la urgencia de proteger a estas personas. Se trata de ciudadanos sumamente vulnerables, cuyos derechos habían sido afectados por medidas arbitrarias del gobierno nacional”, expresó.
El fallo establece:
I) Declarar la competencia de este Juzgado Federal de Sección para conocer en la presente causa conforme lo prescripto por los arts. 116 de la Constitución Nacional, 2 inc. 6° de la Ley 48 y 4° de la Ley N° 16.986.-
II) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar al Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), deje sin efecto de manera inmediata la medida de retención y/o suspensión de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral dispuestas en todo el territorio de la Provincia de Santiago del Estero como consecuencia de la auditoría llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad, hasta tanto se dicte sentencia”.
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